En una medida destinada a salvaguardar los derechos y asegurar el acceso a la justicia, Karina Martínez Monroy ha interpuesto una queja formal y ha solicitado una investigación exhaustiva ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta acción legal apunta al incumplimiento de resoluciones judiciales por parte de diversas autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Las autoridades denunciadas incluyen al Lic. Mauricio Tabe Echartea, Alcalde de la Alcaldía Miguel Hidalgo; el Lic. Cesar Mauricio Garrido López, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos; el Lic. Alberto Efraín García Corona, Director Ejecutivo Jurídico; el Lic. José Hiram Álvarez Escudero, Subdirector de Control de Gestión; el Lic. Daniel Martín Anaya Padua, Jefe de la Unidad Departamental de Asesoría Laboral, Administrativa y Justicia Cívica; la Lic. Juana Godoy Peñaloza, Jefa de Unidad Departamental de lo Contencioso; y la Mtra. Karla Naku Archer Velasco, Jefa de Unidad Departamental de Gestión Estratégica de Gobierno y Asuntos Jurídicos.
La queja se basa en el incumplimiento de un laudo emitido en 2008, seguido por una resolución incidental de 2019, en el contexto de un caso laboral iniciado por el finado esposo de Martínez Monroy. A pesar de las determinaciones judiciales, las autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo no han cumplido con las obligaciones establecidas, afectando gravemente los derechos humanos de la denunciante y su hijo.
Martínez Monroy resalta que la falta de cumplimiento afecta su subsistencia como beneficiaria y viola el derecho al mínimo vital, a la seguridad social y a la tutela judicial efectiva, entre otros. Además, destaca que el incumplimiento de las autoridades impacta directamente en los derechos de su hijo, vulnerando su derecho a la vida, a la protección de la salud y a la seguridad jurídica.
La denuncia también subraya la falta de acción por parte del órgano interno de control de la Alcaldía Miguel Hidalgo, así como la demora injustificada en la emisión de una resolución y pago correspondiente.
Martínez Monroy ha señalado que esta situación representa solo una parte del problema, ya que se suman otras irregularidades, como el manejo inadecuado de fondos públicos y la falta de transparencia en la gestión administrativa de la Alcaldía.
Se espera que la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos arroje luz sobre estas violaciones y proporcione las recomendaciones necesarias para garantizar la justicia y la reparación integral para Martínez Monroy y su hijo.
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